Tribunal: CNCiv., sala J
Autos: “B.I.I. CREDITANSTALT INTERNATIONAL LTD. c/ HNAB PRODUCT S.R.L. y OTROS s/ DESALOJO: INTRUSOS”
Artículo: 2649
Fecha: 8/10/2015
Al tratarse de un poder judicial conferido en el exterior, autorizado por notario y acompañado de la pertinente apostilla otorgada por el gobierno del país emisor, se presume conforme con la ley del lugar del otorgamiento y basta para acreditar la personería del mandatario, pues corresponde a cada Estado dictar la normativa que regule la forma de los actos jurídicos, por lo que queda reservado a cada legislador particular el derecho reglamentario de dicho aspecto y, por consiguiente, es la ley del país de origen la que determina el carácter y eficacia del documento que se presenta en juicio, según el principio “locus regit actum”, del artículo 2649 del Código Civil y Comercial (con anterioridad en los arts. 12 y 950 del Código Civil derogado por la Ley 26.994).
Corresponde presumir “juris tantum” que las actas o certificaciones notariales extendidas en el extranjero por notarios cumplen con las formalidades de la legislación local, y son en principio suficientes para acreditar la personería del mandatario Es decir, el poder conferido en el extranjero, autorizado por un notario público y con las debidas legalizaciones –satisfechas con el apostillado– se presume otorgado conforme a las leyes del lugar de creación y basta para acreditar la personería del mandatario, toda vez que la intervención de dicho funcionario excluye, en principio, toda sospecha de ilegalidad, correspondiendo en última instancia a quien lo ataca el justificar la violación de las formas establecidas por las normas locales.
Recuérdese, además, que la apostilla en el documento es sinónimo de legalización, no sujeta a condición ni a requisito alguno y suprime toda la cadena de legalizaciones consulares por autoridades validantes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la Convención de la Haya sobre Derecho Internacional Privado
Al tratarse de un instrumento público otorgado en el extranjero, sus formas y solemnidades son regidas por las leyes del lugar de origen (art. 2649 Código Civil y Comercial), por lo que desde esta perspectiva resulta inadmisible la excepción de la falta de personería invocada cuando los excepcionantes quienes ni siquiera han justificado que la forma en que el instrumento se expidió hubiera violado las leyes del lugar de celebración, lo que resta seriedad al planteo articulado.
El poder conferido en el extranjero y autorizado por un notario público se presume conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento y basta para acreditar la personería del mandatario. Siendo así, es al excepcionante a quien corresponde probar la violación a las leyes del país del otorgamiento y no pretender la inversión de la carga de la prueba para que sea su contraria la que acredite la ley extranjera que rige el acto y que manifiesta desconocer.
Frente a la presunción de autenticidad de que aquél goza y la falta de invocación del incumplimiento de las normas aplicables según el lugar de otorgamiento del mandato, permite concluir que la defensa de falta de personería carece de sustento imponiéndose, en este aspecto, la confirmación del decisorio recurrido.