REQUIEM PARA LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD EN EL DERECHO COMÚN. Por Sebastian Picasso.

En pocos sistemas jurídicos la obligación de seguridad se encuentra tan arraigada como en el derecho argentino. Siguiendo muy de cerca al modelo francés, la doctrina y la jurisprudencia nacionales revelan una verdadera pasión por esa categoría, que hoy en día ha exorbitado en nuestro país el acotado marco del contrato —para el que fue concebida originalmente— para proyectarse a situaciones precontractuales y post-contractuales. Hasta se constata un cierto abuso de la noción, que a veces aparece empleada como un comodín que permite justificar fácilmente una imputación de responsabilidad allí donde de lo contrario no la habría, o bien sería necesario proceder a un análisis jurídico mucho más riguroso y concienzudo.

Probablemente es esa presencia cotidiana y cuasi natural de la obligación de seguridad en nuestro derecho lo que impide muchas veces evaluarla con sentido crítico, a fin de calibrar su verdadera utilidad, sus efectos y sus limitaciones. Tampoco existe —en un sector de la doctrina y en buena parte de la jurisprudencia— la conciencia de que aquella categoría ha experimentado en nuestro sistema cambios sustanciales, y ahora está a punto de desaparecer del derecho común con la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Lejos de ello, algunos autores han intentado denodadamente descubrir dónde se oculta la obligación de seguridad en el nuevo código, sin advertir que la total ausencia de referencias a ella en la flamante normativa se explica, precisamente, por la intención de excluirla expresamente del derecho común.

La explicación de los motivos de esa decisión legislativa requiere forzosamente trazar un panorama histórico que dé cuenta de por qué razones surgió la obligación de seguridad, y cuál ha sido la evolución posterior y el estado actual de ese instituto.

Nacida por decisión pretoriana, la obligación de seguridad fue el ariete que permitió la entrada de la protección de la persona y los bienes del acreedor en la fortaleza otrora inexpugnable del contrato, ceñida hasta entonces a una estricta función de intercambio patrimonial entre las partes. La construcción de la responsabilidad contractual como sistema de reparación de daños, en un pie de igualdad con la aquiliana, tuvo entonces a la obligación de seguridad como protagonista central.

La cuestión se relaciona inevitablemente con la distinción de la responsabilidad contractual y la extracontractual, consagrada en todos los códigos decimonónicos, incluido —naturalmente— el código de Vélez. Hasta principios del siglo XX primaron en la doctrina las posturas denominadas “dualistas”, que sostenían que la diversa regulación de esos dos sectores respondía a diferencias esenciales entre el contrato y el hecho ilícito. En particular, el alcance de la responsabilidad hoy llamada “contractual” era entonces concebido de manera muy restrictiva, y limitado casi exclusivamente a procurar al acreedor la ventaja patrimonial que esperaba obtener del contrato incumplido. La reparación se confundía así con la ejecución forzada del contrato, y todo lo que estuviera por fuera de ese acotado marco —y en particular, los daños causados sobre la integridad física de uno de los contratantes— era de competencia de la responsabilidad extracontractual.

Esta situación cambió a partir de 1911, cuando la Corte de Casación francesa afirmó la existencia de lo que hoy se denominaría una “obligación de seguridad” en el contrato de transporte. Desde ese momento, la jurisprudencia francesa —seguida luego por la argentina— comenzó a “descubrir” la existencia de obligaciones tácitas de seguridad en infinidad de contratos: los juegos de feria, los picaderos para la práctica de equitación, las aerosillas, la hotelería, los restaurantes y bares, los establecimientos termales, los cines, la locación inmobiliaria, las organizadores de encuentros deportivos, las colonias de vacaciones, los establecimientos educativos, los médicos, quienes comercializan productos elaborados, etc.

La creación pretoriana de la obligación de seguridad se justificaba por el ánimo de los tribunales de favorecer la situación de las víctimas de daños, en una época en la que los efectos de la Revolución Industrial se hacían sentir con toda su fuerza y provocaban perjuicios en gran escala (ferrocarriles, accidentes de trabajo, accidentes de la circulación, etc.). A principios del siglo XX no se encontraba aun suficientemente desarrollada la responsabilidad extracontractual objetiva por el hecho de las cosas, razón por la cual la víctima de un daño extracontractual tenía —en principio— que probar la culpa del responsable. El régimen contractual era más favorable, porque en ese terreno se afirmaba que bastaba con la prueba del incumplimiento para que se presumiera la culpa del deudor. De allí que se haya echado mano a la obligación de seguridad como una forma de “contractualizar” una situación (los daños causados a la persona del acreedor con motivo o ejecución del contrato) que, hasta ese entonces, se consideraba regida por la responsabilidad aquiliana. Con el surgimiento del distingo entre obligaciones de medios y de resultado (hacia 1925) la doctrina y la jurisprudencia comenzaron a sostener que la obligación de seguridad tenía —salvo en casos excepcionales— el carácter de un deber de resultado.

Con la obligación de seguridad se incorporaron al contrato deberes de protección de la persona del contratante, y de ese modo se amplió el ámbito de intereses protegidos contractualmente: ya no solo lo era el interés de prestación (patrimonial) del acreedor, sino también el que este último tiene sobre su integridad física. En otras palabras, la contractualización de la seguridad importó emplazar en la esfera del contrato un equivalente del deber general de no dañar, aunque circunscrito a las partes contratantes. De ese modo, la responsabilidad extracontractual dejó de ser la sede exclusiva de tutela de los derechos absolutos (derechos reales, derechos personalísimos) y se produjo una suerte de “competencia” entre ambos tipos de responsabilidad, que ahora compartían los mismos objetivos.

A partir de ese momento pueden identificarse, en el derecho argentino, tres grandes etapas en el desarrollo de la obligación de seguridad. En la primera —que ocupó la mayor parte del siglo XX— esa categoría aparece como una creación fundamentalmente pretoriana, lo que dio lugar a no pocos inconvenientes derivados de la ausencia de una regulación uniforme del tema en el derecho positivo. Con la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC) en el año 1993, y la reforma del art. 42 de la Constitución Nacional en el año siguiente, la obligación de seguridad entró en una nueva etapa, caracterizada por su regulación legal expresa como una obligación de resultado existente en todas las relaciones de consumo. Finalmente, el nuevo Código Civil y Comercial está por inaugurar una tercera etapa que, en puridad, implica simplemente extraer todas las consecuencias de la regulación de la obligación de seguridad en el derecho del consumo y de la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual en el derecho común. Como corolario de ello, la obligación de seguridad desaparece ahora del derecho común y traslada definitivamente su morada al derecho del consumo.

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