Función preventiva

Autos: ESPIL MARIA INES Y OTRO/AC/ APILAR SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO AUTOM. S/LESIONES)
Fecha: 17/11/2016
Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II

Mandato Preventivo:

“El mandato preventivo o de prevención constituye -junto con las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipada- una de las herramientas procesales fundamentales para la prevención del daño. Se trata de una orden judicial, generalmente oficiosa y dictada en la sentencia definitiva en la que el juez, ante la comprobación del daño o de su amenaza, adopta medidas para evitar, hacer cesar o impedir el daño futuro o su agravamiento o extensión, dirigida a alguna de las partes o a terceros, particularmente al poder administrador”.

“La función preventiva de la responsabilidad civil ahora está consagrada de modo expreso en el Código Civil y Comercial y se confieren al juez facultades para actuar de oficio o a pedido de parte para impedir o evitar la producción o el agravamiento o extensión del daño en curso (arts. 1708, 1710 a 1713)”.
“Las normas de los arts. 1708, 1710 a 1713, recogiendo el derecho jurisprudencial anterior, admiten que la sentencia de prevención puede ser dictada de modo provisorio (medidas cautelares típicas) o definitivo (sentencia definitiva), principal (es decir autónoma, como las medidas autosatisfactivas) o accesorio (como la tutela preventiva), a pedido de parte o de oficio, en un proceso ya iniciado (juicio ordinario o sumario) o promovido sólo a esos efectos (como las medidas autosatisfactivas), otorgándose al juez amplias facultades para dictar mandatos de dar, hacer o no hacer”.

“Las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial importan la modificación implícita de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires en materia de actuación oficiosa del juez. Ello, en concreto, significa que ahora este Tribunal está habilitado para decretar mandatos de hacer, sin que ello suponga infringir el principio de congruencia ni imponer al destinatario de la medida obligaciones sin causa legal. Al consagrase normativamente la función preventiva de la responsabilidad civil, siguiendo antecedentes del derecho comparado no hay obstáculo formal para su admisión procesal”.

“El Poder Judicial debe controlar pero no ejecutar las medidas de prevención, pues no se trata de convertir al juez en experto sobre asuntos técnicos que resultan ajenos a sus conocimientos. Sin embargo, normalmente puede esclarecer que una determinada situación es peligrosa (por ejemplo, cables de electricidad sin coberturas de protección en lugares públicos) y que debe subsanarse mediante resortes adecuados. Sobre esa base, se encuentra en condiciones de ordenar que se elimine el riesgo mediante la adopción de medidas idóneas, aunque no siempre se está en condiciones cognoscitivas de detallar en concreto las que resultan procedentes”.

“Resulta pertinente disponer que la Municipalidad de Tandil, a través de sus organismos técnicos, dando intervención -en caso de corresponder- a otras autoridades provinciales, presente en Primera Instancia en el plazo de quince días corridos a partir del presente decisorio una propuesta o plan de trabajo indicando las medidas conducentes, razonables y pertinentes para suprimir el peligro de las cavas del Cerro Leones, sobre la base de las directivas legales de la menor restricción posible y del medio más idóneo (doct. art. 1713 CCCN), lo que incluye el medio menos gravoso, teniendo por finalidad primordial disuadir e impedir el ingreso al predio, fijando objetivos y plazos de cumplimiento, todo ello con intervención y participación de la demandada. Destaco que debe asegurarse la participación e intervención de la demandada, propietaria del inmueble, en la determinación de las medidas de aseguramiento del inmueble peligroso. Una vez presentado, en el plazo indicado, en conjunto o por separado con Apilar S.A, el Sr Juez de grado procederá a la determinación y aprobación definitiva de las medidas de aseguramiento disponiendo que sea la accionada, a su costa, la que lo deberá ejecutarlo, delegando su fiscalización a las autoridades competentes de la Municipalidad de Tandil con contralor judicial del cumplimiento de las metas y los plazos a cargo del Sr. Juez de grado, quién para asegurar su cumplimiento efectivo podrá adoptar todas las medidas conducentes (arts. 34 inc. 2 C.P.C. y 1713 CCCN). Dispónese que el cumplimiento del presente mandato de prevención se efectúe bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 37 del C.P.C. y 804 del Código Civil. La interpelación a Apilar S.A. para la ejecución de las obras, en la forma y con las modalidades que se disponga, lo será bajo apercibimiento de efectuarlo la Municipalidad de Tandil, con cargo de repetición de la accionada”.

“El dictado de la medida de prevención requiere del juez firmeza y prudencia, lo que significa concederla sólo cuando se configuran los presupuestos de la figura, teniendo particularmente en cuenta la efectividad de la medida. Si bien no reviste carácter excepcional, el juez para despacharla debe considerar si se dispusieron por parte de la administración pública medidas similares o parecidas relativas al mismo objeto”.

“Resulta conveniente en los casos como los de este proceso en los que la cuestión relativa a la causa del daño reviste dificultades técnicas, que el juez determine el objetivo específico a cumplimentarse delegando su implementación en los organismos estatales competentes”.

“Resulta importante que el juez, para asegurar la implementación del mandato de prevención cuando la dificultad de la situación fáctica lo amerita, determine un mecanismo o programa de ejecución, con plazos y etapas, y -en su caso- apercibimientos y sanciones, quedando sujeto al control judicial lo atinente a la verificación de su cumplimiento”.

“En lo relativo a cómo se distribuyen los costos económicos que insume la ejecución de las medidas de prevención, en el caso, el propio legitimado pasivo de la tutela de resarcimiento, esto es la demandada, será beneficiada si la adopción de las medidas de prevención supone evitar costos futuros por la producción de daños probables, máxime si no son trasladables por no resultar asegurables. El costo económico de la erogación que para Apilar S.A. en cuanto propietario signifique la adopción de las medidas de seguridad conducentes y razonables, estará comprendido en el costo de afrontar el resarcimiento de eventuales daños futuros, estando especialmente comprometida la salud y la vida de terceros, particularmente niños que ingresan al predio”.

Fallo completo.