Tribunal: CCiv. y Com., sala II, Azul
Autos: “BIORDO, MIGUEL ÁNGEL C/ RUTAS AL SUR CONCESIONARIO VIAL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONT.”
Artículo: 1 a 3, 7, 1708, 1710 a 1713
Fuente: Juba
Fecha: 11/11/2015
La función preventiva de la responsabilidad civil ahora está consagrada de modo expreso en el Código Civil y Comercial y se confieren al juez facultades para actuar de oficio o a pedido de parte para impedir o evitar la producción o el agravamiento o extensión del daño en curso (arts. 1708, 1710 a 1713).
Las normas citadas, recogiendo el derecho jurisprudencial anterior, admiten que la sentencia de prevención puede ser dictada de modo provisorio (medidas cautelares típicas) o definitivo (sentencia definitiva), principal (es decir autónoma, como las medidas autosatisfactivas) o accesorio (como la tutela preventiva), a pedido de parte o de oficio, en un proceso ya iniciado (juicio ordinario o sumario) o promovido sólo a esos efectos (como las medidas autosatisfactivas), otorgándose al juez amplias facultades para dictar mandatos de dar, hacer o no hacer.
Las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial importan la modificación implícita de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires. Ello, en concreto, significa que ahora este Tribunal está habilitado para decretar mandatos de hacer, sin que ello suponga infringir el principio de congruencia ni imponer al destinatario de la medida obligaciones sin causa legal. Al consagrase normativamente la función preventiva de la responsabilidad civil, siguiendo antecedentes del derecho comparado no hay obstáculo formal para su admisión procesal.
El Poder Judicial debe controlar pero no ejecutar las medidas, pues no se trata de convertir al juez en experto sobre asuntos técnicos que resultan ajenos a sus conocimientos. Sin embargo, normalmente puede esclarecer que una determinada situación es peligrosa (por ejemplo, cables de electricidad sin coberturas de protección en lugares públicos) y que debe subsanarse mediante resortes adecuados. Sobre esa base, se encuentra en condiciones de ordenar que se elimine el riesgo mediante la adopción de medidas idóneas, aunque no siempre se encuentre en condiciones cognoscitivas de detallar en concreto las que resultan procedentes.
Por ello se notifica al OCCOVI (autoridad de aplicación en materia de concesiones viales), y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (órgano que por delegación de facultades otorgó la concesión de la red vial y dictó luego la reglamentación administrativa pertinente) para que en el plazo de 60 días corridos procedan a efectuar un informe técnico documentado acerca del relevamiento y condiciones del entorno de la estación de peaje Hinojo, sito
en la Ruta 226, aproximadamente kilómetro 276, y verificar si las señalizaciones horizontales y verticales y la iluminación del lugar, y todas las medidas de seguridad y prevención, cumplen con los requisitos, condiciones y demás especificidades técnicas previstas en los contratos administrativos y en la normativa vigente (entre otros: Contrato de Concesión, Pliego de Condiciones Generales y Particulares, Reglamento de Explotación y Reglamento del Usuario vigentes en el momento de los hechos -Resolución 41/91 de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos (SSOySP) y Resolución 221/89 del Ministerio de Servicios Públicos-) y en la restante normativa de la concesión pública de los corredores viales, según decreto 425/03, otorgada por el Estado Nacional a la empresa demandada como concesionario incluso reglamentaciones posteriores y ahora vigentes (por caso, Resolución 581/2008 del Secretario de Obras Públicas – SOP- que establece el Reglamento del Usuario y Resolución 582/2008 de la SOP que establece el Reglamento de Explotación). El informe precitado deberá verificar
si el puesto de peaje Hinojo cumple con los estándares vigentes y exigibles sobre la base de los principios de información al usuario, prevención, evitación de riesgos y adecuada señalización que garanticen la seguridad vial.
Además, se resuelve que el informe mencionado deberá incluir el estudio y análisis de la viabilidad de la instalación de la señalización prevista en el decreto reglamentario 779/95 reglamentario de la Ley 24.449 (especialmente Anexo L Marcas Especiales H 18 para Niebla). Con su resultado, y de verificarse incumplimientos, la autoridad de aplicación (OCCOVI), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y los restantes organismos competentes a los que -en su caso dará intervención el OCCOVI- deberán disponer las medidas que corresponda adoptar fijando plazos y apercibimientos para su ejecución; Se deberá analizar la viabilidad técnica y económica de la implementación de las propuestas del citado informe de la Facultad de Ingeniería de la Unicen, con intervención de los demás organismos competentes –si correspondiere-, cuya coordinación deberá instrumentar la autoridad de aplicación. A esos fines se deberá también considerar si las medidas propuestas son exigibles por la normativa legal o administrativa vigentes y, en caso negativo, la conveniencia de su implementación en función del análisis económico de su incidencia en el contrato administrativo; los informes precedentes deberán ser presentados en este expediente, y estarán sujetos a su fiscalización y aprobación por la Sra. Juez de la causa; poner en conocimiento al Sr. decano de la Facultad de Ingeniería
de Olavarría perteneciente a la Universidad Nacional del Centro, en cuanto organismo técnico que propuso medidas técnicas para mejorar las condiciones de seguridad del entorno de la estación de Peaje de Hinojo y al Colegio Público de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, entidad que adhirió y también suscribió el estudio de la UNICEN; disponer que primera instancia lleve adelante la tarea de contralor judicial de cumplimiento efectivo de los puntos anteriores a cuyo fin podrá adoptar todas las medidas conducentes (arts. 34 inc. 2 C.P.C. y 1713 CCCN); disponer que el cumplimiento del presente mandato de prevención se efectúe bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 37 del C.P.C. y 804 del Código Civil.