En el nuevo código, el legislador se ha pronunciado inequívocamente acerca de las funciones del derecho de daños, y ha establecido que ellas son, exclusivamente, la prevención y la reparación. Por el contrario, la punición ha sido expresamente descartada como posible función de ese sistema. Esta toma de posición legal reviste gran importancia, porque sirve de guía para interpretar el resto de las normas que componen el sistema, y viene a confirmar, entonces, que ellas deben ser leídas exclusivamente en clave resarcitoria o, en su caso, preventiva —entendiéndose esta última función como limitada a la tutela civil inhibitoria que la propia ley ahora regula expresamente—.