El Código Civil y Comercial de la Nación propone a los operadores jurídicos desandar un camino de interesantes revisiones y adaptaciones en los paradigmas utilizados hasta el momento.
Al mismo tiempo —y como todo “lo nuevo”—, la norma genera diversas emociones que se traducen en razonables inquietudes, incertidumbres y hasta incomodidades que resultan innatas a cualquier desafío que se precie de tal.
En esa línea, uno de los grandes ejes e innovaciones que trae el Código es el de la incorporación expresa dentro de la normativa sistémica de la regulación sobre bienes y derechos de incidencia colectiva.
Además, y de manera relacionada, el nuevo Digesto introduce una serie de premisas extraídas de los microsistemas tuitivos de ciertas relaciones jurídicas que difieren sustancialmente del paradigma imperante en el derecho clásico.
Se recodifican bajo este prisma conceptos más propios de lo social que intentan disminuir brechas existentes en situaciones jurídicas que colocan a una de las partes en una posición de debilidad estructural, todo lo cual contrasta en cierto punto con la filosofía más liberal que se detecta en la regulación general de los derechos individuales.
Por consiguiente, ambas temáticas han sido y serán objeto de uno de los tantos debates que genera el Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde opiniones que propugnan una fuerte defensa de los intereses individuales, suele alegarse que resulta peligrosa la inclusión de la teoría de los bienes colectivos y de las normas materiales que intentan igualar a desiguales jurídicos al Código, ya que ello implica un avasallamiento de garantías y derechos de carácter personal y privado que posee cada uno de los integrantes de la sociedad.
Se observa con preocupación el avance de normativa vinculada al orden público que invade cada vez más la esfera de reserva de los individuos.
En cambio, los sectores más propensos a la exaltación de lo colectivo y de lo social afirman que la regulación diseñada por la nueva norma es escasa y que debió avanzar mucho más en la tutela de los bienes comunes y de los vulnerables de la sociedad.
Se califica al mismo tiempo a la norma, por un lado, como demasiado “progresista” y, por otro, como demasiado “conservadora”.
La tensión y la compatibilización entre “lo público” y “lo privado” fue, es y seguirá siendo uno de los más ingentes debates que se presentan la sociedad y que el ordenamiento jurídico pretende encausar.
Intentaremos en este trabajo precisar algunas ideas acerca del equilibrio que se propone alcanzar el Código Civil y Comercial de la Nación a la hora de desarrollar su teoría de los bienes y derechos, así como al prever de manera diferenciada los campos de acción en los cuales se desarrollan vínculos de carácter paritario, por un lado, y de orden no paritario, por otro.
El nudo de la cuestión —y aquí finca la relación entre ambos tópicos que permite su desarrollo conjunto en este trabajo— finca en los límites o espacios que deberían establecerse en la intersección entre libertad personal y ausencia de intervención estatal, en un extremo, y regulaciones de lo colectivo y de la vulnerabilidad en los vínculos privados a través de normativa imperativa o de orden público, en el otro.
En este camino, deberemos testear las reflexiones propuestas —tal como lo exige el nuevo Código— bajo el prisma de la razonabilidad y de los principios constitucionales y convencionales que emanan de nuestro ordenamiento jurídico.
Proponemos entonces en este ensayo recorrer —sin agotar— algunos ejemplos de los cuales se desprende una fuerte tutela de las garantías individuales y de la privacidad de las personas en el nuevo Código, para luego hacer lo propio con la protección de los derechos de grupos y de las situaciones jurídicas con disparidad de fuerzas entre las partes.
Finalizaremos estas consideraciones con una serie de apuntes acerca del modo en que el propio sistema sugiere armonizar ambas esferas de tutela.