Las familias en el Proyecto de Reforma del Código Civil

Marisa Herrera (CONICET/UBA)
La reforma integral del Código Civil -la legislación que regula el día a día, la vida cotidiana de la gente- es una excelente y necesaria oportunidad para repensar varias instituciones jurídicas, entre ellas, la familia.
Desde la sanción del Código Civil -allá por el año 1871- se puede afirmar sin hesitación alguna, que mucha agua ha corrido bajo el puente. Ya no se pone en duda que la familia no es una sola; aquella formada por un matrimonio integrado por dos personas de diferente sexo cuya unión se mantiene “para toda la vida”, con hijos producto del acto sexual entre ellos. Esta familia en singular ha pasado a compartir el escenario con otras diversas formas de vivir en familia.
Como se suele decir, en la pluralidad, en la diversidad y en las diferencias está la riqueza; si fuéramos todos iguales, no sería tan interesante la vida en sociedad. Claro está, ello implica complejidad. Indudablemente, la realidad social se muestra más compleja. Hay parejas basadas en el afecto y en un proyecto de vida en común que están varios años juntos y no pasan por el registro civil para formalizar el unión; parejas integradas por dos personas del mismo sexo que después de la sanción de la ley llamada de “matrimonio igualitario”, ha extendido una figura tradicional como el matrimonio también a estas personas; hay personas que tras la ruptura de una pareja anterior vuelve a formar una familia, teniendo hijos de la relación anterior e incluso, de la nueva pareja; hay personas que sienten que su identidad no se condice con su sexo, y que desde mediados de este año 2012 no hace falta que pasen por un trámite judicial largo, tedioso, lleno de informes médicos, sociales y psicológicos, para que puedan solicitar el cambio registral sin la necesidad, tampoco, de una intervención quirúrgica de reasignación de sexo previa. Todas estas personas y tantas otras, cualquiera sea su condición social, sexual, económica, tienen derecho a que la legislación civil las mire, las tenga en cuenta, las valore con sus igualdades y sus diferencias. Esto es lo que propone la reforma del Código Civil que se encuentra en el Congreso de la Nación y cuyo debate comienza en breve, los primeros días de agosto.
La reforma, tal como se dice expresamente en sus “Fundamentos”, una pieza importante que acompaña y dice por qué se regula o se adoptan determinadas posturas o decisiones legislativas, se edifica sobre la base de principios de Derechos Humanos. Esta no es una decisión caprichosa, sino una perspectiva obligada, ya que la Argentina ha suscripto una gran cantidad de tratados internacionales de Derechos Humanos –varios de ellos, elevados o con rango constitucional tras la reforma de 1994- que junto a otros instrumentos normativos –como por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- forman el “bloque” de normas de máxima jerarquía que cualquier legislación debe respetar, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina está comprometida a cumplir con un piso mínimo de derechos humanos, tales como la libertad, la autonomía personal, la igualdad, la solidaridad familiar y la responsabilidad, por nombrar algunos, que deben guiar la reforma del Código Civil. Y así se hace. ¿Cómo? ¿En qué cambios o transformaciones que propone la reforma se pueden observar el cumplimiento con estos principios básicos? Veamos algunos.
El mantenimiento –y también perfeccionamiento en materia de técnica legislativa- del reconocimiento del matrimonio a todas las personas, con independencia de la orientación sexual de sus integrantes. Una reforma jamás podría haber derogado u obviado la ley de matrimonio igualitario, porque habría sido una decisión antidemocrática no respetar una normativa dictada hace poco tiempo por el Congreso y que incluso, a ningún juez se le ocurrió dictar su inconstitucionalidad. En otras palabras, los logros o los avances se respetan por aplicación de otro principio de derechos humanos: el de no regresividad.
La regulación de la filiación de los niños que nacen de las técnicas de reproducción humana asistida. Se trata de una gran deuda legislativa pendiente, cuya práctica social es elocuente; nadie duda que cientos de niños en la Argentina nacen gracias al desarrollo de la ciencia médica. Que alguno de ellos son con material de donante anónimo, tanto en el marco de una pareja de igual o diverso sexo. Precisamente, la ley de matrimonio igualitario ha permitido mostrar la cantidad de niños que nacen de una mujer cuyo óvulo es aportado por su pareja del mismo sexo y con material de donante anónimo, tenido este niño vínculo filial con las dos mujeres casadas; y por aplicación del reciente decreto 1006/2012, se ha podido también generar doble vínculo en aquellas parejas de mujeres que llevaron adelante un proyecto parental de tener un hijo por las técnicas pero como no se podían casar por ese entonces, esos niños sólo contaban con un solo progenitor- la mujer que los dio a luz-. ¿Qué corresponde a la luz del principio de igualdad y en particular, del interés superior de esos niños? Tener doble vinculo legal y así poder gozar de todos los derechos y deberes que se derivan de esa relación como ser: cobertura médica, ser beneficiario en la protección de la vivienda que implica la figura del bien de familia, ante el fallecimiento, poder heredarla, etc; además de la principal consecuencia: que el derecho reconozca, legitime y valore el vínculo afectivo entre esos niños y la cónyuge de la mujer que formó parte del proyecto parental y que en algunos casos, también aportó el material genético; por lo cual, ese hijo tiene más ADN con esa mujer que aquella que lo dio a luz.
El reconocimiento jurídico –e integral- de las parejas que no se casan y que en el proyecto se las denomina por sus notas esenciales: uniones convivenciales. El censo del 2010 indica que casi un 40% (38,80 para ser más precisos) de las personas que viven en pareja, se tratan de uniones no matrimoniales. La ley hasta ahora silencia una gran cantidad de derechos, lo cual ha obligado en varias oportunidades que los jueces (con la consecuente inseguridad que ello genera, según cuál toque y cómo interpreta el plexo normativo vigente a la luz de los Derechos Humanos), deban extender la aplicación de normas del matrimonio a las parejas no casadas por imperativo de principios básicos como lo es la igualdad de derechos entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Es posible que el hogar familiar, el techo en el que viven los hijos pueda ser protegido si sus padres están casados y no serlo si ellos no pasaron por el registro civil? La respuesta negativa se impone, sin embargo, la jurisprudencia hoy en estos casos es contradictoria. ¿Qué se hace en la reforma? Admitir que las parejas que no se casan son también familia y merecen tener su propio lugar en el Código Civil para cumplir con “la protección integral de la familia” que dispone el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
La familia ensamblada, también conocida coloquialmente como “los tuyos, los míos y los nuestros” forman parte del escenario social de hoy y que una ley que pretenda durar y perdurar por varios años no puede desconocer. Sucede que en la actualidad por diversas razones –varias de ellas fundadas en el avance de la ciencia médica- las personas podemos vivir una mayor cantidad de años. En ese marco, es entendible que la persona que elegí a las 25, a los 30 o 35 pueda no seguir siendo el compañero de ruta con quien seguir el camino de la vida a los 45, 50 o 55, sendero que podría ser seguido con otra persona por varios años más. Esto nos conduce, a que las familias ensambladas también deban ser contempladas en la reforma. Y así se hace. En este sentido, la nueva pareja de la madre o el padre (sea un nuevo matrimonio o unión convivencial), tenga su lugar de apoyo y acompañamiento con los llamados “hijos afines”. Que si bien no son los hijos biológicos de esta persona, lo cierto es que muchas veces viven con ellos, los quieren, cuidan y colaboran en su crianza. Es por ello que la reforma le reconoce ciertos derechos y deberes que pueden llevar adelante los “progenitores afines”, totalmente válidos y que hacen a la vida cotidiana de los niños como ser: firmar boletines, ir a reuniones de padres cuando alguno de ellos no puede, otorgar autorizaciones para salidas recreativas con la escuela, etc.
Tantísimos más son los cambios que introduce la reforma del Código Civil para lograr, algo tan básico como complejo: acercar el Derecho a la Realidad.
La reforma no crea nada que no se muestre hoy –y hace bastante tiempo- en la sociedad. Como se destaca en sus Fundamentos, se trata de un “Código para una sociedad multicultural”, lo cual “no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender”.
Bien lo ha dicho un doctrinario francés, René Dupuy: “Vivimos en un mundo en el que, por fuerza, hay que hacerles sitio a todos. No se puede huir de los otros; no existe otro lugar”. Esto es precisamente lo que intenta la reforma del Código Civil, al admitir que la legislación civil puede y debe estar para todas las personas humanas, porque para todos, no hay otro lugar ni tampoco habrá otra ley civil que las proteja.