CÓMO DEBE DISCUTIRSE EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El Congreso de la Nación ha iniciado el proceso de creación de una comisión bicameral para discutir el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, durante 90 días. En este sentido, hay algunas voces que piden un debate más amplio y otras que promueven su aprobación a libro cerrado.

Veamos cuáles son las alternativas y porqué razón se ha decidido este camino.

I). El Código Civil argentino fue aprobado a libro cerrado por iniciativa de Sarmiento y Mitre en el plazo de un mes.

El Código Civil argentino fue tratado a libro cerrado, en un proceso que comenzó con el envío por parte del Ejecutivo el 25 de agosto de 1869 y, luego de pasar por ambas Cámaras, se promulgó el 29 de setiembre del mismo año.

Es decir, apenas un poco más de un mes.

Los pasos fueron los siguientes:

1.    El Poder Ejecutivo envió el proyecto el 25 de agosto de 1869.

2.    La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de septiembre de 1869, luego de que fueran rechazadas diferentes propuestas de aplazamiento y objeciones al tratamiento a libro cerrado.

3.    El proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores, donde fue sancionada el 25 de septiembre

4.    Fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de septiembre de ese año.

5.    El Código Civil Argentino entró en vigencia el 1º de enero de 1871.

Los fundamentos para dar este tratamiento fueron sostenidos por el presidente Sarmiento, por Nicolás Avellaneda, por Bartolomé Mitre y el propio Vélez Sársfield.

El Código Civil Argentino fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso mediante el mensaje del 25 de agosto de 1869, suscripto por el presidente DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO y por NICOLAS AVELLANEDA.

En dicho mensaje se decía: “Dos son los medios que se presentan desde luego, para llegar a este resultado. O someter el proyecto a una revisión detenida, o darle inmediata vigencia, confiando su reforma a la acción sucesiva de las leyes, que serán dictadas a medida que la experiencia determine su necesidad. El Poder ejecutivo debe manifestar a V. H. que, según su juicio, sería preferible el segundo de estos temperamentos: 1º porque el dilatado tiempo que volvería a absorber una discusión laboriosa del proyecto, tiempo que sería tal vez más ventajosamente empleado dejando que la práctica de los tribunales y de la vida civil, reglada en sus relaciones por el nuevo código vengan a indicar con un criterio seguro sus vicios e imperfecciones; 2º porque en una revisión sometida a varias personas, no es dado esperar que, prevalezca siempre la unidad indispensable de pensamiento para formular las reformas. Estas reformas, por otra parte, que deberán su origen a otro espíritu y a ideas distintas que las que han dominado en la redacción del código, no se incrustarían en’ su conjunto, sino interrumpiendo casi seguramente el plan general de sus disposiciones o desconcertando la uniformidad de sus miras. La reforma cuando ha sido propuesta no consigue, en la mayor parte de los casos, sino suscitar una opinión diversa u opuesta á la que ha adoptado el codificador, apoyándose en autoridades igualmente respetables y poniendo por delante el difícil problema de dar a la una preferencia a la otra. Así, una revisión puede traer en pos de sí la necesidad de otra, y una vez abierto este camino de discusión ilimitada, los códigos dé Rusia y de los Países Bajos están para mostrarnos, con la lenta y complicada historia de su composición, cuánto puede ella retardarse, prolongada por las disecciones teóricas de los jurisconsultos en presencia de las antiguas leyes”.

El Senado se ocupó del asunto el 25 de septiembre de 1869. El senador MITRE, sostuvo que  « Esta es la razón por qué cuando hay forzosamente que dar códigos, en todas partes del mundo tienen que aprobarse como se ha aprobado este código, a libro cerrado…”.

La tesis del tratamiento a libro cerrado fue compartida por la mayoría de los juristas argentinos. Es suficiente con citar la respetada opinión de Llambías, quien manifestó su opinión contraria a toda discusión que altere la organicidad de un código (Llambías, Jorge Joaquín (2003). Tratado de Derecho Civil: Parte General. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot).

Esta es la tesis más aceptada en el tratamiento de los códigos civiles.

Hay dos razones fundamentales:

1). Un código es un sistema y si se modifica una parte, puede modificarse la totalidad y es muy difícil no perder la coherencia del sistema. Como decían Sarmiento, Mitre, Avellaneda o LLambías, es necesario mantener la organicidad.

2) Por otra parte, otra comisión, podría hacer algo distinto e igualmente opinable, lo cual daría lugar a un proceso interminable que llevaría a la parálisis. Hay casos en que los proyectos han estado 25 años en el parlamento.

La tradición basada en el tratamiento a libro cerrado mantiene su fundamento en la medida en que un Código no es igual que una ley. Es preciso mantener el sistema, su organicidad, porque si se altera alguna de sus partes, se desarticula el todo. También sigue siendo cierto que puede haber otras opiniones respetables, pero si todos opinan no hay un criterio que pueda ser mejor que otro y el debate puede llegar a frustrar la sanción.  Como lo sostuvo el presidente Sarmiento en su mensaje, el mejor método de control es la aplicación jurisprudencial y las reformas parciales ulteriores.

            II) EL TRATAMIENTO EN BICAMERAL.

Por otro lado, los tiempos han cambiado y es buena la amplia participación de todos los sectores en el debate de las leyes fundamentales de la Nación.

Para buscar un equilibrio entre ambos principios se han utilizado dos vías.

La primera es la consulta a todos los sectores en el proceso de elaboración; la segunda es un debate mediante una comisión bicameral que pueda resguardar la integridad del sistema.

            II. 1. LA ELABORACION DEL PROYECTO

Para la redacción de este proyecto se utilizó un método ampliamente participativo, como nunca antes de se había hecho.

Se ha tenido a la vista los antecedentes más significativos del Derecho comparado, la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigio académico, la opinión de los congresos de juristas y los criterios de la jurisprudencia.

Se han tenido en cuenta los siguientes proyectos de reformas anteriores:

·         El de 1926 preparado por Juan Antonio Bibiloni.

·         El de 1954, redactado bajo la dirección de Jorge Joaquín Llambías.

·         El de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987)

·         El de la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993.

·         El preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92.

·         El proyecto de 1998, preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 685/95.

Esta base fue enriquecida por numerosos trabajos críticos de la doctrina y decisiones jurisprudenciales que también se consideraron.

La comisión redactora comenzó su trabajo de manera inmediata a su designación y se convocó a una amplia participación en dos niveles:

a) se permitió que el público en general hiciera propuestas hasta un plazo determinado, y todas ellas fueron motivo de análisis y discusión.

b) se formaron grupos de trabajo para permitir una amplia participación de todos los especialistas del país y varios del área latinoamericana. Mediante estos grupos de labor se ha tenido en cuenta la opinión de más de 100 juristas representativos de todas las tendencias y todas las regiones del país.

A medida que la comisión fue avanzando con la redacción de las partes generales, las distribuyó para que todos opinaran. Una vez recibidas las observaciones, se volvió a discutir.

Puede decirse que la elaboración del anteproyecto tuvo una amplísima participación de los especialistas y de la comunidad. Asimismo, hubo un proceso muy dinámico de discusión con los distintos grupos, de manera de aprovechar al máximo la inteligencia colectiva.

La Comision redactora entrego el anteproyecto al Poder Ejecutivo Nacional en fecha 24 de febrero, y luego se hizo un acto público el dia 27 de marzo. Durante ese periodo hasta el envío de este proyecto, hubo una nueva etapa donde se recibieron numerosas observaciones, se hicieron reuniones con todos los sectores y se introdujeron ajustes.

De esta manera puede decirse que: 1) se han tenido en cuenta seis anteproyectos anteriores; 2) participaron cien juristas de todas las regiones de país; 3) la comisión redactora integrada por tres juristas mencionados hizo todo el trabajo de redacción; 4) ese trabajo se volvió a revisar con la participación del Poder Ejecutivo Nacional y numerosos sectores que fueron recibidos por la Comisión.

Por esta razón entendemos que hubo una gran participación y consulta en el proceso de elaboración de este proyecto.

II.2). LA COMISION BICAMERAL

La labor del Parlamento es muy importante en el tratamiento legislativo del proyecto.

Por esta razón se está en proceso de crear una Comision en la que participarán todas las representaciones poltiicas, se escucharán opiniones de distintos sectores y finalmente se someterá a la aprobación de las Cámaras.

Este proceso no puede ser indefinido, y es muy razonable que se haya fijado un plazo, que es mucho mayor que el del código de Velez.

Este proceso no puede afectar la organicidad del sistema, como lo sostienen todos los autores, y por eso se trata de verificar ajustes, problemas específicos, pero no modificar todo el sistema, ya que se destruiría el proyecto o se lo reemplazaria por otro igualmente opinable.

De manera que la opción que se ha utilizado es razonable y ajustada a la tradición legislativa en el tratamiento de los códigos.